Por encima de la ley y las sentencias judiciales

Cuando la ley se vulnera bajo la injustificable justificación del interés general
No va ser este un artículo amplio. Y no lo va a ser porque me hastía hasta la saciedad la vergonzosa actitud de dirigentes políticos que utilizan las artimañas más torticeras para justificar lo injustificable.
En este caso, el tema no puede ser más serio: la manifiesta ilegalidad de un hotel en terreno público. No es una conjetura, lo confirma la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 1997. Lo triste y lacerante está en que no es el único, pero éste, situado en las dunas de Corralejo en Fuerteventura ha agotado todo un largo proceso, un período de luchas continuas por parte de quienes, siempre a cuenta de su tiempo personal, de sus obligaciones familiares y profesionales, de su economía y del uso de la asistencia letrada gratutita de la que gozan -veremos por cuanto tiempo-, las asociaciones altruistas, se preocupan por el medioambiente de las islas en un intento -muchas veces estéril- de evitar que se conviertan en lo que tiene toda la pinta de ser, el cortijo de unos pocos. Una propiedad donde, trátese de suelo público o privado, diseñan, orquestan y ejecutan lo que les viene en gana.
En esta lucha incomprensible, pues no debería producirse si las instituciones publicas fueran garantes de la legalidad imperante, ha transcurrido un tiempo de muchos años en que hubo que acudir a los tribunales, una vez tras otra, instancia tras instancia, cuidando de que no transcurrieran los plazos establecidos, tratando de evitar la contumaz trampa de la prescripción de los hechos, aunque estos sean totalmente lesivos para el medio ambiente donde se han llevado a cabo, pues el hecho estaba claro, se trataba de una flagrante ilegalidad llevada a cabo sobre suelo público, basadas en concesiones, si en su día las hubo, caducadas, amparadas en el caciquismo imperante a la hora de otorgar licencias de ocupación de dicho suelo, un suelo protegido por la Ley de Costas -al menos en teoría-, de dudosa legalidad lo ejecutado, más allá del poder omnímodo de personajes que hicieron de algunos ayuntamientos sus fincas particulares, una patente de corso ésta que llevó a la propiedad del hotel a ejecutar ampliaciones ilegales al mamotreto primigenio -y digo ilegales porque nunca fueron autorizadas-, a tratar deficientemente sus aguas residuales enviándolas en dudosas condiciones sanitarias de regreso al mar a través de un emisario submarino, con la insensata esperanza -como casi siempre-, en que el océano se lo tragara todo.
La sentencia es clara y su lectura no admite interpretación alguna: el derribo de unas instalaciones hoteleras que jamás debieron estar ahí y cuya licencia, en precario, ha caducado hace años.
Y ahí comienzan las estrategias de la propiedad del hotel y sus irregulares ampliaciones. Está claro, se trata de no cumplir la sentencia, jamás ejecutarla, de buscar legalizar lo ilegalizable, de buscar una salida como sea aunque para ello sea preciso encontrar puertas falsas.
Se trata de convencer -en este ejercicio de "convencimiento" cada cual es libre de imaginar las formas, compensaciones y maneras- a políticos y gestores de lo público, políticos cercanos, de la tierra, aquellos a quienes presionar con el supuesto paro provocado, con los puestos de trabajo en juego, con el detrimento consiguiente en la economía local, aunque el verdadero interés de la propiedad, de los lobbies hoteleros está en los suculentos beneficios, en que no se ejecute la sentencia, en doblar el brazo de la justicia fuera de los tribunales, convirtiendo en legal lo ilegalizable, pues todo lo demás -puestos de trabajo, personal en paro, daños en la economía de la zona pueden garantizarse sin problema alguno, sin darle mucho a la cabeza y sin tantos aspavientos-. La propiedad del hotel en suelo público, lo sabe, pero utilizará la necesidad de la gente y la precariedad de sus empleos para defender lo indefendible.
En este contexto, tengo que reconocer que es preocupante la pasividad de muchas ciudadanas y ciudadanos. Nadie se manifiesta en los medios, nadie dice nada. Es esta postura de todos nosotros lo que da alas a la impunidad de los delincuentes en todas las facetas de la vida. Es preocupante porque la salvaje depredación del medio natural insular es como un cáncer que, casi sin darnos cuenta, va devorando la isla con nuevas autovías, con un tren que no resolverá el problema de la alta densidad de vehículos por habitante, con megaestructuras energéticas e hidráulicas, campos de golf -como paso previo al cambio de uso-, campos de golf convertidos ya en urbanizaciones, en hoteles o en megaestructuras relacionadas con el mundo audiovisual y cinematográfico -en todos estos casos se trata de suelo agrícola reconvertido en pocos años en urbanizaciones de lujo y proyectos faraónicos de diversa índole tras la falacia previa de un campo de golf... ¿Seguimos?
Si la ciudadanía en general no se manifiesta cuando les afecta directamente al bolsillo, a su sanidad, a su educación, al riesgo de pobreza severa que arrastramos desde siempre -seguimos en el furgón de cola con Ceuta, Melilla y Andalucía a la par-, a su calidad de vida, ¿cómo van a manifestarse a la hora de recuperar una franja arenosa en una costa que es de ellos, pero que muchos la sienten lejana?
Y así las cosas, ante la necesaria y obligatoria ejecución de la sentencia: la demolición de todo lo construído, hete aquí que nuestros políticos -y digo nuestros porque son políticos canarios los que han enarbolado la envenenada propuesta-, sacan un as de la manga, una treta que está llevando nuevamente a que las islas sean solares privados -tanto terrestres como marinos- en manos de las eólicas, de los campos solares, de los que buscan lucrarse a cuenta de los recursos naturales que nos quedan, que en teoría son de todos los que ocupamos el planeta pero que ya se encargan ellos de que, en la práctica, no sea así pues, una vez monopolizados serán convertidos en jugosos activos enérgeticos que, ¡cómo no!, deberemos consumir y pagar los residentes. Es decir, lo que ha sucedido siempre.
Es esta y no otra la extraordinaria prisa, la necesidad urgente de solicitar el Gobierno de Canarias la transferencias de las competencias en Costas. ¡Faltaba más! ¡El Gobierno Central torpedeando nuestros marrulleos! ¡Insistiendo en la aplicación de la Ley y el derribo del hotel construido en un espacio natural protegido! Es más -manifiestan los mezquinos defensores de los intereses privados-, si siguen en sus trece -que no lo olviden estos iluminados interesados, que lo que el Gobierno Central persigue no es otro hecho que el mantener la legalidad vigente-, acudiremos a los Tribunales de Justicia en defensa de nuestro derecho -entiéndase poder absoluto-, sobre las competencias de Costas transferidas.
Ejercer "su derecho" es legalizar lo ilegalizable, dar un golpe de efecto, jurídico por supuesto, haciendo llegar a los dirimidores de lo legal y lo ilegal que aquí mandan ellos -es posible que sus patronos, esos personajes que inteligentemente se encuentran más allá de las poltronas-, a la hora de ejecutar o no sentencias, de legalizar o no hoteles, a la hora de proteger o no espacios y especies únicas.
Una vergüenza los hechos constatados pues, desde el uno de enero del presente año, fecha en que se transfieren las competencias, la primera actuación del Gobierno de Canarias no consistió en la urgente tramitación de un plan integral de protección de las costas canarias -Plan de urgencia absoluta, plan que reclaman, biólogos, científicos de ambas universidades, un ministerio de transición ecológica, Europa y la mayoría de los ciudadanos y habitantes de la isla que observan, inermes, como se les roba espacio en las playas, como se les cercenan sus derechos a disfrutarla, como se dificulta el tránsito por muchos de estos lugares-, un instrumento eficaz capaz de salvaguardar el poco territorio disponible sin urbanizar o sin estar sujeto a especulación urbanística, de preservar de una vez por todas las áreas de sensibilidad ecológica, una serie de microáreas existentes y dispersas en todas las islas donde perviven en lamentables condiciones los últimos ejemplares de endemismos exclusivos de flora y fauna, la mayoría de ellos en vías de extinción -la impunidad ante el abuso es absoluta cuando se puede arrasar un yacimiento arqueológico, léase recientemente Veneguera, y la sanción, si la hay, es irrisoria cuando la realidad es que ese vestigio de los primeros pobladores de la isla ha desaparecido para siempre-. Un plan de protección del Litoral Canario que ponga coto a la depredación y a la indefensión que sufre, capaz de desincentivar a aquellas personas y grupos de presión que ven las islas como un territorio idóneo para la especulación y el rápido enriquecimiento, a cuenta de sus recursos naturales y su calidad de vida.
No, ¡qué va!, la primera actuación del Gobierno de Canarias, la más sonada en este poco tiempo de uso y abuso de las transferencias, consiste en tratar de legalizar lo ilegalizable y paralizar las órdenes de derribo procedentes del Gobierno de España, dando cumplida respuesta a las sentencias de los tribunales de Justicia. Así surgen ahora, lean la prensa de estos días y quédense con este nombre: Plataforma Canaria de afectados por la Ley de Costas, similares peticiones de indulto para todos los asentamientos ilegales fabricados sobre los riscos y arenas de las playas en todas y cada una de las islas. Justo lo que sabían todos los ecologistas, grupos ambientalistas y defensores de lo público que sucedería al tranferir las competencias al Gobierno autonómico.
Lo triste de todo lo expuesto es que esto se consigue con la connivencia de nuestros representantes públicos -no es necesario ya, buscar colonialistas o "godos" fuera-, tolerantes y agradecidos con los poderes económicos y grupos de presión, pero nefastos a la hora de entender la actividad política como entrega y dedicación a las personas que les han votado y al territorio al que representan.
Me permito la licencia de realizar tres preguntas sobre tan fenomenal dislate, interrogantes aderezadas con una gran dosis de ironía:
Si el hotel de la cadena RIU se encuentra ocupando suelo público en un espacio natural protegido y se declara de interés público:
¿Eso quiere decir que dichas instalaciones nos pertenecen a todos y sus beneficios van a ser gestionados como interés público y por consiguiente pasarán a engrosar las arcas del ayuntamiento de la Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias?
Si no fuera sí, ¿alguien me puede explicar como una propiedad privada, un lucrativo negocio turístico sobre un espacio público -es decir de todos los canarios-, puede un Gobierno, sin sonrojarse, declararlo de interés público?
Y ya, en el supuesto de que esta declaración, que huele tremendamente mal, se convierta en acuerdo vinculante ¿existen responsabilidades penales y económicas para todos y cada uno de los representantes políticos que aprueban con su sí esta aberración, manifiestamente ilegal?
Si nos atenemos a la definición de los conceptos: "interés público", a nadie se le escapa que la utilización en este caso para nada obedece a su significado, sino todo lo contrario, al beneficio de una empresa privada sobre un suelo público.
Cuando observo como, vestidos de demócratas, algunos representantes de lo público hacen lo que les viene en gana con nuestros espacios, especies y hasta con la propiedad privada -no olviden que ésta sí puede enajenarse con tal de declararse de interés público-, cuando constato que hay una lista negra donde botánicos, arqueólogos, músicos, artistas, periodistas, veterinarios, médicos, ecologistas… son ninguneados, condenados al ostracismo por el simple hecho de manifestarse libremente en contra de proyectos que son por lo menos discutibles, me apeno muchísimo.
Si esta es la sociedad hacia la que nos están abocando, una sociedad ciega que no ve más allá de su espacio de confort o de miseria, que asume como natural el que unos pocos se llenen sus bolsillos a cuenta de los activos medioambientales de todos los demás, preocupémonos.
No es catastrofismo, pero Doñana va camino de convertirse en un desierto con la legalización de miles de pozos ilegales, no es catastrofismo pero los espacios naturales de las islas cada vez incomodan más y se protegen menos -observen si no la inexistencia de planes de gestión en la mayoría de ellos y, si los hay, como adolecen de falta de continuidad en su desarrollo, falta de ambición en la gestión y racanismo presupuestario-, no es catastrofismo, pero seguimos abogando -desde el silencio y la permisividad-, por un consumo irracional del agua y la energía, siendo irrelevantes los planes de ahorro, no tratándose como recursos esenciales ambos bienes ambientales, en los planes educativos y sociales pues no están convertidos en lo que deberían ser, indiscutibles señas de identidad, referentes propios de ecosistemas insulares tan frágiles y con una dependencia tan acusada a la hora de mantener la vida en ellos.
En fin, más claro no lo puedo decir, el hotel de Corralejo construído sobre suelo público debería ser derribado, como en su día lo fue el que se construyó sobre las dunas de Maspalomas, también culpable de similares irregularidades urbanísticas.
Y si los insensatos que en este momento detentan el poder aprueban la no demolición basada en un supuesto interés general, que no existe por lado alguno, espero que la justicia haga su labor y ante el incumplimiento flagrante de sentencias firmes, sean procesados.
Sean procesados sólo ellos, con nombres y apellidos, no en nombre del pueblo, de un pueblo que está harto de pagar de sus bolsillos indemnizaciones y multas como consecuencia de sus desafortunadas, muchas veces interesadas, decisiones, aprobadas aún a sabiendas de la vulneración de las leyes vigentes.
Nunca pensé que fuera preciso recordar a estas personas que el titular del dominio público del litoral español, más allá de sus competencias, sigue siendo el Gobierno de España, aunque ante lo visto, tal salvedad no sea para muchos más que simple anécdota, un contratiempo soslayable con la aplicación de una serie de triquiñuelas y artimañas a las que nos tienen acostumbrados estos personajes, pésimos gestores muchas veces de ese dinero que no les duele, el dinero público.